Para el legislador de la región zuliana, una ley por sí sola carece del poder para resolver una crisis de carácter estructural. Sentenció que la efectividad de las fiscalizaciones, la celeridad en la atención de reclamos y la aplicación de sanciones a los responsables dependerá exclusivamente de la existencia de instituciones sólidas, transparentes y técnicamente capaces. “Los racionamientos han causado en el Zulia y su gente un gran impacto social y económico. Esta crisis eléctrica prolongada destruye la calidad de vida de los ciudadanos, pulveriza la actividad comercial y profundiza el rezago social del estado” aseveró.

