Conoce los detalles del estado de conmoción exterior decretado en Venezuela
El estado de conmoción exterior está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana y puede durar hasta 90 días.
Este período es prorrogable por otros 90 días más, siempre con aprobación de la Asamblea Nacional.
Durante su vigencia, el Ejecutivo puede aplicar medidas extraordinarias que incluyen restricciones a derechos civiles, control de medios y movilización militar.
Además, permite el despliegue de tropas en zonas estratégicas y el alistamiento de cuerpos auxiliares como la Milicia Bolivariana.
El gobierno argumenta que la medida busca «blindar constitucionalmente» la defensa nacional frente a un posible ataque extranjero.
Según lo anunciado, las fuerzas armadas realizan ejercicios militares en áreas clave como la isla La Orchila y la frontera con Colombia.
El decreto recibió respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y la Fiscalía, que lo consideran una acción preventiva legítima.
No obstante, sectores críticos han señalado que decisiones de este tipo pueden afectar derechos ciudadanos y ampliar las facultades del Ejecutivo.
Antecedentes del artículo 338
La Constitución venezolana contempla varios tipos de estados de excepción: alarma, emergencia económica y conmoción interior o exterior.
En 2016 se aplicó un estado de emergencia económica para enfrentar la crisis de hiperinflación y escasez de alimentos.
En 2020 se decretó un estado de alarma por la pandemia de COVID-19, con restricciones de movilidad y suspensión de actividades.
En 2017, durante protestas masivas, se aplicaron medidas similares a la conmoción interior, aunque no fue formalmente declarada.
La actual declaración de estado de conmoción exterior en Venezuela es la primera de este tipo reconocida oficialmente en la historia reciente.
Impactos y debate
Desde 2016, el Ejecutivo ha emitido más de 12 decretos de excepción, muchos vinculados a la economía.
Estos instrumentos permitieron aprobar presupuestos sin debate parlamentario, redirigir recursos y contratar deuda sin control legislativo.
La medida de septiembre de 2025 se enmarca en un escenario internacional tenso, donde Venezuela busca reforzar su capacidad de defensa.
FUENTE. Agencias
